Diario La Opinión de Málaga
He pasado unos días en España para impartir un curso en un master universitario. Tuve la oportunidad de ver, el sábado por la noche, un debate televisivo que trataba de responder a esta cuestión: ¿Aprueba o suspende nuestro sistema educativo? Me sorprende que en esos debates haya periodistas, políticos, escritores, sacerdotes, abogados, sociólogos… y casi nunca especialistas en educación. Algunos contertulios parecían carniceros en un Congreso de Vegetarianos. A mi me gusta que los medios de comunicación se ocupen del sistema educativo no solo cuando hay conflictos, escándalos o problemas sino para analizar lo que sucede, para reflexionar sobre su importancia y para hacer propuestas de mejora.Vuelvo a repetir lo que dije hace unas semanas en este mismo foro: no puede ponerse la educación al servicio de la política sino la política al servicio de la educación. Y eso lo digo no solo para el PP sino para todos los partidos del arco parlamentario. De izquierdas y de derechas.
Me va a permitir el lector que me centre en un aspecto del debate: la asignatura Educación para la ciudadanía. Una de las primeras medidas que ha tomado el Ministerio de Educción de España ha sido la de anunciar que desaparecerá o se modificará la asignatura Educación para la ciudadanía. Ha sido toda una declaración de principios. Sin duda, una concesión al ala más conservadora del partido. Esta asignatura fue objeto de una inusitada campaña emprendida por la derecha española, que quiso ver en ella un intento del gobierno socialista de indoctrinar al alumnado en una determinada ideología.
Las familias más conservadoras del país, espoleadas por algunos medios de comunicación como la cadena de radio COPE, el periódico El Mundo, la cadena de televisión Intereconomía…, pusieron el grito en el cielo y emprendieron una campaña de objeción de conciencia que acabó estrellándose contra una sentencia, a mi juicio razonada y razonable, del Tribunal Supremo. Dijeron los jueces de este alto tribunal que no había indicios de tal sospecha y que no procedía la objeción. De poco ha valido la sentencia. Estas “santas” familias, que han asistido sin rechistar durante décadas al quehacer de una escuela fascista, gritaron con furia porque un gobierno de izquierdas pretendía imponer, a su juicio, su ideología a los niños.
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