CEAPA constata que, desde que se incorporara al curriculum educativo, en la inmensa mayoría de los centros educativos no ha habido ningún problema y que la asignatura se ha impartido y se está impartiendo con total normalidad, lo que demuestra que esta polémica se gestó en ámbitos políticos y eclesiásticos.
Esta confederación lamenta este anuncio del Ministerio de Educación, porque esta asignatura contribuye a desarrollar la capacidad crítica del alumnado y a que éste conozca y respete los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su raza, sexo, orientación sexual, religión y cualquier característica social y personal.
La escuela debe educar a todos los niños y niñas en unos valores mínimos que están contemplados en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no es una institución donde se deban impartir sólo conocimientos académicos. La escuela también educa y, por lo tanto, está legitimada para transmitir unos principios básicos de convivencia para todo el alumnado.
CEAPA recuerda que el Consejo de Europa, en 2002, a través de su Comité de Ministros, apoyado por el Gobierno de Aznar, instó a los gobiernos de los estados a que “hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y de sus reformas”.
En 2004, una resolución de la ONU pidió a los gobiernos de todo el mundo la creación e implantación de una asignatura que proporcione educación en derechos humanos a niños y niñas de primaria y secundaria. La mayoría de los países europeos ya han atendido a estas recomendaciones de las instituciones internacionales. Mientras, en España el Gobierno anuncia sustituir la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, por otra de Educación Cívica y Constitucional, vaciada de contenido.
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